jueves, 18 de abril de 2013

La tregua en Washington. Un año después


Columna publicada el 16 de abril de 2013 en elfaro.net

 
Vídeo de evento en WOLA: "One year after the gang truce in El Salvador"



Cuando el presidente Funes visitó Estados Unidos al principio de su periodo -en marzo 2010 la Casa Blanca y en septiembre 2011 Nueva York para su tercer discurso ante el pleno de la ONU-, su agenda de seguridad era una: el combate al crimen organizado. En el ocaso de su quinquenio vuelve a Washington con la tregua entre pandillas como su único argumento. A pesar de la reciente ofensiva de su ministro de Seguridad en esta ciudad en busca de apoyos, las dudas persisten.

Escepticismo es la palabra que mejor resume la sensación de Washington respecto a la tregua entre pandillas en El Salvador. Aun ahora, después de una ofensiva oficial que incluyó dos visitas del ministro de Justicia y Seguridad Pública, David Munguía Payés, en poco más de un mes, y a pocos horas de la llegada del presidente Mauricio Funes a la capital de Estados Unidos, las dudas siguen, incluso entre quienes, desde el mundo de las oenegés latinoamericanistas y del de algunos gobiernos locales del área metropolitana, han visto la tregua con optimismo.

Más allá de la estrategia mediática de Seguridad en torno al pacto, que destaca con tino la baja en homicidios y maneja por lo bajo el problema de las extorsiones e incluso niega otros asuntos relacionados a la seguridad pública, como la corrupción y la infiltración del crimen organizado en el estado, hay dos preguntas que el discurso oficial sigue sin despejar. La primera: en qué consistió el pacto inicial y cuál fue el papel real de la inteligencia del estado y del despacho de Munguía en esa gestión. La segunda: si a la vuelta de un año está claro que la reducción en los homicidios se sostiene, cuál es el plan de la administración Funes para convertir ese pacto inicial en una política pública que trascienda a los mediadores -en los que pocos aquí confían- y a los líderes pandilleros que han manejado la tregua desde las cárceles.

Debido en gran parte a la falta de respuesta efectiva a esas dudas, como lo dijo hace poco el investigador Douglas Farah a El Diario de Hoy, la comitiva del general Munguía se fue de Washington sin promesas importantes de apoyo financiero y sin nuevos respaldos políticos, más allá del ya garantizado de la OEA. Eso, sin embargo, no significa que no haya aquí, sobre todo en el mundo de los organismos financieros multilaterales, opciones de financiamiento para programas específicos de rehabilitación y prevención.

Hace poco, en un foro organizado por la Washington Office on Latin America (WOLA), una representante del Banco Mundial dijo que aun con la “opacidad” inicial, podía haber líneas de crédito abiertas para programas de rehabilitación y reinserción para los llamados municipios libres de violencia. Siempre y cuando el gobierno presente un plan coherente y administradores diferentes de esos planes. Eso no ha pasado.

Lo de nuevos rostros que administren la segunda etapa de esta tregua es lugar común entre los interesados en Washington. Incluso desde las entrañas de la administración, incluso desde sus oficinas más críticas, se empiezan a oír ya, tímidas aún, preguntas sobre quiénes, desde el sector privado o el mismo gobierno Funes, podrían ser referentes alternativos. Quiénes además de Mijango, Colindres y el mismo Munguía, se entiende.

“Muchos pensamos que en estas reuniones conoceríamos un plan más elaborado sobre lo que sigue, sobre todo en el tema de los municipios, pero lo que escuchamos fue más explicación sobre la primera parte, sobre el pacto en sí mismo, y lo que oímos de esa parte no despejó las dudas”, me comentó uno de los funcionarios presentes en reuniones sostenidas por la comitiva salvadoreña la semana pasada. Desde el congreso, una apreciación similar de un asistente: “el problema no es la tregua; hay mucha gente aquí que puede encontrar una lección positiva, incluso replicable. El problema es que cuando alguien viene y te dice que en El Salvador no hay un problema importante de narcotráfico o de crimen organizado, y que todo se reduce a las pandillas, es difícil creerle algo de lo que te está diciendo”, dice este funcionario en referencia a conversaciones en que el ministro restó importancia al tema del narcotráfico en el mapa de la seguridad pública salvadoreña.

Está claro que, a estas alturas, el tema importante en relación a la tregua es el financiamiento. Pasó ya el tiempo político de trascender el balbuceo inicial sobre el pacto, desde la triple versión inicial sobre el traslado de los líderes de la cárcel de máxima seguridad a otros recintos -razones humanitarias, recomendación de consejos criminológicos y posible atentado a roquetazos contra los penales- hasta el retruécano aquel de no-negociamos-facilitamos-negociamos. Un analista centroamericano sobre tendencias de crimen organizado que trabaja en un tanque de pensamiento aquí lo explica así: “Esa parte del discurso es insostenible para ellos (el gobierno salvadoreño), pero si parten de aceptar que alguien debía de hacer lo feo para de ahí construir y hoy se concentran en eso pueden llegar a algún lado”.

Algún lado es, en esencia, dinero fresco que permita al estado salvadoreño, desde el gobierno central o desde las alcaldías, convertir a los municipios libres de violencia en algo más que una estrategia de comunicaciones o, como temen los más críticos, en territorios de paso libre para la droga. Esto lo explica un trabajador social del condado de Montgomery, en Maryland, uno de los sitios en que las pandillas salvadoreñas tuvieron una fuerte presencia criminal entre mediados de los 90 y el primer lustro de 2000: “No hay veredas mágicas aquí. Es simple. Cuando el tema de la calle está controlado, el estado entra con plata, con un montón de plata para programas sociales que permitan contener el riesgo entre los jóvenes”. Y un policía de Fairfax, condado de Virginia también conocedor de las pandillas salvadoreñas, el teniente Rick Pérez, me lo explicaba así antes de conocer sobre la tregua salvadoreña: “primero es fuerza, inteligencia y trabajo con la comunidad y luego la inversión social”.

Aun hoy, y a pesar del escepticismo, los departamentos de policía de estos condados siguen de cerca la tregua, y lo que esta puede haber implicado para la relación entre los liderazgos de las pandillas en El Salvador y en los barrios aquí en Estados Unidos. Después de todo, no fue hace mucho tiempo que desde las cárceles salvadoreñas se ordenaban asesinatos a ejecutarse en Maryland, Virginia o Nueva Jersey o que miembros de clicas aquí eran parte de redes de narcotráfico (la red de Juan Colorado, por ejemplo, usaba como mulas en Nueva Jersey y College Park, Maryland, a pandilleros locales, según el expediente judicial abierto en El Salvador).



En marzo pasado, a pocos días de revelado el pacto inicial, un policía del condado de Montgomery, en Maryland, me contó que la relación entre los liderazgos de Maryland y El Salvador era, como entre clicas en territorio salvadoreño, heterogéneo. “Es, a veces, un tema de relación personal. Hay quien aquí tiene un hommie allá al que le manda plata o con quien se hacen favores, pero sí hay relaciones y hay movimientos de dineros; es poca plata casi siempre, vía envíos...” La pregunta que este oficial se hacía, al conocer sobre condiciones carcelarias más relajadas, parecía lógica: “bueno, supongo que si estando en Zacatraz -lo decía así, con esa palabra, en medio de una conversación en inglés- hablaban por celular hasta aquí, hoy será más fácil”.

Panel en WOLA sobre el primer aniversario de la tregua. 29 de marzo 2013. En la foto: Profesor Ed Maguire, American University; Steven Dudley, InsightCrime.org; Alys Willman, Banco Mundial. Fotos cortesía de Miguel Ángel Álvarez


Ya en el nivel federal, es evidente que a las agencias policiales de Estados Unidos -las law enforcement- la tregua no les gusta nada. No le gusta al FBI. Tampoco le gusta a quienes, en el Departamento de Estado, manejan la minucia de CARSI, el programa estelar de cooperación en seguridad de la administración Obama con Centro América. En elevento de WOLA que mencioné, uno de estos funcionarios preguntó al panel, del que formé parte: “¿A quién pertenece esta tregua? ¿Le pertenece en realidad a los salvadoreños?” Mi respuesta: hasta ahora, en términos políticos, la tregua le pertenece a los mediadores, al general Munguía y a los líderes de las pandillas que están en las cárceles. Y aunque la baja en los homicidios es, sí, patrimonio del país, la transformación del pacto en política pública pasa por el presidente de la república y su capacidad de gestión.

Y está la otra duda, que viene también de algunas oficinas de la administración, pero sobre todo de oficinas del congreso que escucharon y apoyaron a Funes cuando, al inicio de su quinquenio, vino a Washington y a Nueva York con un fuerte discurso anti crimen organizado que partía de reconocer la infiltración del narco en el estado, no a las pandillas, como la amenaza principal a la estabilidad democrática de Centro América. “Sin una decidida vocación de combatir la infiltración del crimen organizado en las instituciones del estado no será posible enfrentar nuestras enormes metas... Comencemos por nuestra casa, limpiando las instituciones que, como la Policía, han sido presa de la corrupción y la compra de voluntades...”, escucharon los interlocutores más amistosos con la administración Funes, del partido demócratas todos, el discurso presidencial ante el pleno de Naciones Unidas en 2011. Hoy, los mismos interlocutores levantan las cejas cuando oyen al gabinete de seguridad decir que la Policía está limpia, que el crimen organizado es un mal menor y que el pacto entre pandillas es la solución unívoca.

El presidente salvadoreño viene mañana por la noche según el programa. Su cita clave es, sin duda, con el secretario de estado, John Kerry, viejo conocedor de Centroamérica y El Salvador y uno de esos a quienes atentos asistentes informaron sobre el tono inicial del discurso de Funes. Por el formato protocolario de estas reuniones, pero sobre todo porque la situación financiera doméstica lo hace virtualmente imposible, es poco lo que El Salvador puede esperar del Departamento de Estado en términos monetarios. ¿En apoyo político explícito? Está claro que la palabra de un presidente vale mucho más que la de un ministro, e incluso puede ser que Funes logre una frase reproducible en comunicados de prensa. Pero, sin las explicaciones que le faltan entre los viejos aliados de su administración y sin el plan que le vienen pidiendo las multilaterales, poco logrará el presidente al final. Aquí de poco vale la bravata, el retruécano sabatino o la buena fe.

* El autor es Investigador Asociado del Centro de Estudios Latinaomericanos de American University en Washington, DC, y miembro del Consejo de Asesores del Center for Democracy in the Americas.

lunes, 8 de abril de 2013

D'Aubuisson señaló a Bustillo por masacre de la UCA


 Los papeles del Caso Jesuitas




Tres investigadores estadounidenses dijeron a Roberto d´Aubuisson el 5 de diciembre de 1989 que él era "el principal sospechoso" en el asesinato de los jesuitas de la UCA y que sería investigado. El fundador de ARENA reaccionó molestó y dijo que ya antes había sido acusado de cosas similares y había salido bien librado. Luego ofreció su colaboración en las pesquisas y sugirió que el Ministerio de Justicia -incluso llamó por teléfono al ministro en ese momento- creara una especie de jurado especial para el caso. Dos días después, d´Aubuisson llamó a uno de los agentes de Estados Unidos para decirle que una fuente de la Fuerza Aérea de El Salvador le había dicho algo sobre la autoría de la masacre: "Que el general Juan Rafael Bustillo puede estar vinculado al crimen de los Jesuitas. D´Aubuisson dijo que Bustillo habló con sus superiores el día antes de la masacre y dijo en una reunión que 'había que hacer algo con' los Jesuitas. D'Aubuisson también implicó a al mayor Roberto Leiva Jacobo en los asesinatos, pero fue vago respecto al rol de Leiva", según se lee en el cable 1010z11zz de diciembre 89 del Departamento de Estado desclasificado durante la administración del presidente Bill Clinton y que es hoy parte de la colección del National Security Archive de la George Washington University.

El 4 de diciembre de 1989, dieciocho días después de la masacre de la UCA, un agente especial estadounidense llegó a San Salvador desde México para coordinar un grupo que se dedicaría a investigar los asesinatos de los jesuitas.



Parte del informe desclasificado que revela la visita, hicieron al diputado Roberto d'Aubuisson el 5 de diciembre de 1989 en la Asamblea Legislativa

En el primer reporte que Washington recibió desde su embajada en San Salvador, la fuerza especial de tarea hace tres revelaciones importantes que ya en esa etapa temprana de la investigación hacían pensar que eran las Fuerzas Armadas las que estaban detrás de los asesinatos: 1. La implicación directa que Roberto d´Abuisson hace del general Bustillo en relación a los asesinatos. 2. El presidente Cristiani pide al investigador especial de Estados Unidos que centre sus esfuerzos primero en el ejército, aunque solo sea con el fin de resolver el caso para que los militares puedan dedicarse al "negocio de pelear la guerra". 3. Los norteamericanos hablan con los soldados estacionados en la Torre Democracia; en el reporte, la embajada escribe dos cosas contradictorias: primero dice que esos militares oyen disparos que "asocian con los asesinatos de los sacerdotes", pero también dice que "no los asocian con disparos en la UCA sino con un combate en un área cercana".

En 1993, la investigadora Martha Doggett, del Lawyers Committee for Human Rights, determinaría en su libro Una muerte anunciada, la crónica más completa que se ha escrito sobre la masacre de la UCA y sobre la operación oficial de encubrimiento, que involucró a militares, a funcionarios públicos y a civiles, que la tergiversación de los testimonios de dos de esos soldados es uno de los primeros actos de encubrimiento en la investigación de la masacre.

"Los agentes de la Policía de Hacienda de servicio en la Torre Democracia esa noche, manifestaron a la CIHD (Comisión Investigadora de Hechos Delictivos de la PN) el 17 de noviembre, que había soldados del batallón Atlacatl patrullando en la Residencial Guadalupe, justo al sur de la UCA. No les tomaron declaraciones formales hasta el 5 de diciembre. Para entonces ya no mencionaron nada sobre el Atlacatl...", escribe Doggett en su libro.

El día en que la CIDH tomaba declaración formal a los dos agentes de la PH que identificaron al Atlacatl en la Torre Democracia, el subsargento Germán Orellana Vásquez y el agente Víctor Manuel Orellana Hernández, el grupo especial estadounidense entrevistaba a d´Aubuisson en la Asamblea Legislativa. A continuación una traducción libre de los numerales del cable que hacen referencia al fundador de ARENA.

"7. La tarde del 5 de diciembre el investigador especial y el agregado legal entrevistaron al mayor Roberto d´Aubuisson en su oficina en el edificio de la Asamblea Legislativa. De acuerdo al investigador especial, d´Aubuisson expresó su deseo de colaborar con las investigaciones y negó cualquier participación en los asesinatos. El investigador especial le dijo claramente a d´Aubuisson que él era el principal sospechoso en el crimen y que se le investigaría a profundidad. D´Aubuisson le contestó al investigador diciéndole que ya había sido investigado por otros hechos: mencionó un caso de secuestro y el asesinato de (Monseñor Óscar Arnulfo) Romero específicamente, y dijo que su inocencia se había probado en ambos casos.

"8. Quizá tratando de expresar su deseo de cooperar, d´Aubuisson hizo varias sugerencias sobre como deberían llevarse las investigaciones. Sugirió que se estableciera una junta especial de revisión judicial (similar a un gran jurado estadounidense) para entrevistar testigos y para dejar ante el público la impresión de que algo se hacía para resolver el caso. Cuando el investigador y el agregado legal coincidieron en que esto sería útil, d´Aubuisson inmediatamente llamó al ministro de Justicia y literalmente le ordenó que se encargara de establecer la junta de revisión judicial. En retrospectiva es probable que solo haya sido un gesto de d´Aubuisson para impresionar a su audiencia. Esta es la impresión porque, al escribir esto, la junta de revisión no se ha establecido y no es ni mucho menos funcional.

"10. El 7 de diciembre, d´Aubuisson llamó al investigador especial y le pidió una reunión privada, en la cual d´Aubuisson dijo que había escuchado de una fuente de la Fuerza Aérea que el general Juan Rafael Bustillo podría estar relacionado con los asesinatos de los jesuitas. D´Aubuisson dijo que Bustillo habló con sus superiores el día antes de los asesinatos y les dijo en esa reunión que 'había que hacerse cargo' de los jesuitas. D´Aubuisson también implicó al mayor Roberto Antonio Leiva Jacobo* en los asesinatos, pero fue vago respecto al rol de Leiva.

"11. Los motivos de d´Aubuisson para dar esta información son muy sospechosos por decir lo menos. Muchas preguntas surgen sobre por qué d´Aubuisson dio esta información al investigador especial. Primero, y sobre todo, está la cuestión de por qué d´Aubuisson 'delataría' a Bustillo cuando se supone que Bustillo es leal a d´Aubuisson. No es un secreto en el ejército que d´Aubuisson abogó para que Bustillo ocupara la posición de ministro de Defensa en lugar del general Larios. También se sabe que Leiva no está en buenas condiciones en estos momentos y que fue removido hace poco de su posición en la S-2 de la Fuerza Aérea. Por estos hechos y por ser d´Aubuisson la fuente directa de la información, el grupo especial decidió no dirigirse a Bustillo o a Leiva directamente, sino permitir que la investigación continúe para ver si más evidencia aparece. Se hará un esfuerzo para dirigir discretamente la investigación de Ponce también hacia la Fuerza Aérea, sin excluir a otras unidades."

* Un año antes, en Colombia, el mayor Leiva Jacobo había sido acusado de vender bombas que, se supone, servirían para atentar contra el capo del cartel del Medellín Pablo Emilio Escobar Gaviria.